Titulares

lunes, 24 de febrero de 2020


ITALIA.- El famoso carnaval de Venecia, que cada año atrae a miles de visitantes a Italia, llegó a su fin este domingo, dos días antes de lo programado, luego de que ese país registrara el "peor brote" del nuevo coronavirus en territorio europeo, con cuatro muertes confirmadas.

"Desde esta tarde, planeamos detener el carnaval y todas las actividades deportivas hasta el 1 de marzo", dijo este domingo el presidente de la región del Veneto, Luca Zaia, a la televisora Sky IG24.

El anuncio del cierre anticipado de la tradicional fiesta se produjo menos de 24 horas después de que el gobierno del primer ministro Giuseppe Conte informara sobre la imposición de "medidas extraordinarias" para contener el avance de la enfermedad.

Las autoridades italianas confirmaron este lunes que cinco personas han fallecido en el país por el coronavirus, y los casos de contagio ascienden a 219.

Una decena de localidades en las regiones norteñas de Lombardía y Véneto están efectivamente aisladas bajo el plan de cuarentena.

Conte declaró la prohibición de entrada o salida de estas zonas de brote, con la excepción de quien reciba un permiso especial.

Todas las escuelas y actividades deportivas y recreativas han sido suspendidas en esas regiones.

Además, también fueron postergados varios partidos de fútbol de Serie A que estaban programados para este domingo.

La policía y, de ser necesarias, las fuerzas armadas están autorizadas para hacer cumplir las nuevas medidas.

Las autoridades italianas temen que el virus se ha propagado más allá de los focos aislados en Lombardía y Véneto, haciendo difícil su contención.

"La transmisibilidad de este virus es muy fuerte y bastante virulenta", afirmó el jefe de salud de Lombardía, Giulio Gallera.

El nuevo coronavirus se originó en la provincia de Hubei, en China, el año pasado, pero ya se ha extendido a 26 países, donde se han confirmado hasta este domingo más de 1.400 casos y 11 muertes.

Este sábado, las autoridades sanitarias en China reportaron un descenso en el índice de muertes y casos nuevos de coronavirus. Hasta entonces se habían confirmado unos 76.392 casos y 2.348 muertes en ese país.

Pero por fuera de China, los casos que no están claramente vinculados a ese país u otros casos confirmados continúan ascendiendo, causando un llamado de alerta de parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dice que la mayor preocupación actual yace con los países que tienen sistemas de salud más débiles, especialmente en África.

Corea del Sur reportó el mayor número de casos confirmados, después de China, y el brote a bordo del barco crucero Diamond Princess, anclado en el puerto de Yokohama, Japón, ha registrado más de 600 casos.

En enero, la OMS declaró una emergencia global por el brote del nuevo virus, que causa la enfermedad a la que se le ha dado el nombre de Covid-19.

Fiebre, fatiga y una tos seca son los síntomas más comunes que manifiestan los pacientes.

La proporción de muertes causadas por la enfermedad parece ser baja, con la mayoría de los afectados únicamente desarrollando síntomas menores y logrando una recuperación total.

FUENTE BBC Y EL PAÍS 

REDACCIÓN 

Las instituciones a cargo de planes destinados al alivio de la pobreza, alimentación, nutrición escolar y protección de población vulnerable en general deberán adquirir los insumos necesarios para esos programas exclusivamente en la agroindustria y la industria nacional, siempre y cuando esta demuestre la capacidad de poder suministrarlos, en procesos competitivos de acuerdo con lo que establece la Ley Núm. 340-06 de compras y contrataciones públicas.

Así lo instruye el presidente Danilo Medina en el Decreto Núm. 86-20 emitido el viernes, cuyo principal objetivo es contribuir al desarrollo de la industria y la producción nacional y, por tanto, a la generación de empleo.

Entre las instituciones incluidas en el decreto están el Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP), Comedores Económicos del Estado (CEE), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE).

Además, el Decreto contempla que las entidades contratantes promuevan una serie de incentivos para que en las adjudicaciones se tomen en cuenta a las empresas con buenas prácticas de manufactura y de sostenibilidad ambiental, que promuevan la igualdad de género, el empleo de personas con discapacidad y la inclusión de personas de la tercera edad.

El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, afirma que este decreto es un paso más de un Gobierno comprometido con el apoyo a los sectores económicos nacionales, extendiendo este desarrollo al territorio.

“En los últimos años abrimos las puertas de las compras y contrataciones del Estado a la micro y pequeña empresa, en especial a las mujeres proveedoras; también democratizamos el acceso al crédito, ampliando los fondos disponibles y bajando las tasas de interés en la banca pública”, destacó Montalvo, al enumerar otras medidas para impulsar la economía y generar empleo.

A modo de ejemplo, el ministro recordó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) pasó de una inversión de un poco más de 3,200 millones de pesos en 2012 a más de 25,100 millones anuales en 2019, un aumento del 668% en ese periodo.

“En los últimos 7 años pasamos de 134 suplidores en 2012 a 1,678 proveedores de alimentos en 2019 gracias a que aumentamos en 382,000 los beneficiarios, e incrementamos el consumo de leche y pollo en ese periodo”, explicó. 

Lo anterior ha sido posible por los esfuerzos que ha realizado también el sector privado, sin importar su tamaño, para responder a las políticas implementadas, participando, aportando e invirtiendo, para construir juntos gobierno - sociedad, una alianza para el desarrollo del país.

También, el Decreto crea el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores del Estado, a cargo del Viceministerio de Mipymes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Dirección General de Contrataciones Públicas para fomentar una mayor cantidad y calidad de proveedores del Estado en todo el territorio nacional.

Ambas instituciones, según sus competencias, elaborarán y difundirán guías, manuales, y utilizarán todos los mecanismos disponibles para capacitar a las entidades y a los proveedores y proveedoras que abarca este decreto.

Por otra parte, para comprobar que los bienes adquiridos por las instituciones públicas provienen de la industria nacional, el oferente deberá contar con un registro industrial, emitido por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), además de los otros requisitos que establezcan los pliegos de condiciones. En ese sentido, Proindustria establecerá, mediante instructivos, procedimientos expeditos para obtener ese registro.

Disposición refuerza medida del 2019. En mayo del 2019, el presidente Medina emitió el decreto 168-19, que estableció una nueva reglamentación en la compra de productos agropecuarios para contribuir al desarrollo económico nacional sostenible.

En esa ocasión se dispuso que las instituciones con presencia en el territorio lleven a cabo procesos dirigidos preferentemente a productores, fabricantes y proveedores de servicios ubicados en el lugar donde se identifique la necesidad. 

Con esta nueva disposición, se extiende la medida a la agroindustria y a la industria nacional en el ámbito de las compras que realicen las entidades públicas para atender los planes y programas que están en el Decreto Núm. 86-20.

Estas medidas y otras más adoptadas, incluyendo la implementación del Portal Transaccional en 307 instituciones a la fecha, que conlleva la gestión completa incluida la presentación de ofertas en línea y la administración de los contratos, tienen como objetivo continuar desarrollando un modelo de compras públicas que responda a la realidad de los mercados nacional e internacional, según corresponda, y al bienestar de la población.

REDACCIÓN 

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Educación (MINERD) exhortó a los estudiantes concentrarse en sus estudios y no hacer caso al llamado realizado a través de redes sociales, por personas hasta el momento no identificadas, para ocasionar desorden y daños a propiedades de las escuelas.

El MINERD recordó que existen normas de convivencia pacífica en los centros educativos que deben ser respetadas por estudiantes, maestros, personal administrativo y toda persona relacionada con el sistema educativo.

Precisó que los centros educativos representan el espacio al que los seres humanos asisten para aprender y en consecuencia tienen que ser protegidos.

-Llamado a padres-

El Ministerio de Educación aprovecho la ocasión para llamar a los padres a orientar a sus hijos en el sentido de las consecuencias negativas que pueden producirse en caso de actuar de manera incorrecta en los centros educativos.

Recordó que sin la intervención y asistencia de la familia el trabajo de los maestros no puede rendir los resultados esperados.

-Alerta a la Policía-

El MINERD informó, además, que apoderó a la Policía Nacional para que asuma la investigación relativa a determinar el origen de un mensaje difundido en redes sociales a través del cual se solicita a los estudiantes a causar daños a propiedades de las escuelas y de manera específica a destruir butacas.

Agregó que resulta ilógico y preocupante que se trate de involucrar a estudiantes en acciones de esa naturaleza, ya que se atenta contra el presente y futuro del país.

viernes, 21 de febrero de 2020

POR AMADEO PERALTA

-Los autores cometieron violación a la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, violación a la Ley contra el Terrorismo, violación a la Ley contra el Lavado de Activos y violación al Código Penal Dominicano.

-El Tribunal Competente para dictar la condena será el Tribunal Superior Electoral en atribuciones Penales y represivas.

-La Ley Electoral No. 15-19, no prevé ningún tipo de sanción penal por el hackeo de sus redes informáticas por lo que se tendrá que recurrir a otras leyes complementarias que serían las aplicables.

La situación creada por un posible sabotaje e intervención ilegal a las redes informáticas de la Junta Central Electoral, no solamente acabo con la posibilidad y credibilidad del voto electrónico, sino también que ha creado una crisis en las elecciones municipales de este Domingo 16 de Febrero, que ha seguido a una crisis política, de confianza y hasta económica, tanto para la Junta Central Electoral, como para la población y el empresariado, y que podría llevar a sus autores a la cárcel con una condena de hasta 30 años de prisión junto a sus cómplices y multas de hasta dos mil salarios mínimos, si se hiciera una investigación seria y responsable, según lo declaro el Abogado Amadeo Peralta.

Sostiene el Jurista de Derecho penal que los autores y responsables han incurrido con su accionar delictivo en violación a los Artículos 5, 6 párrafos I y II, Artículos 9, 10, 11, 27 y 28 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como violación a los Artículos 5, 26 y 30 de la Ley No. 167-08 (Ley de Terrorismo), y a la vez violaron la Ley No. 155-17 Sobre Lavado de Activos en su Acápite 11, y los Artículos 2, 265 y 266 del Código Penal Dominicano que castigan la Asociación de Malhechores y la Complicidad.

Según lo prevén los Artículos 27 y 28 de la 53-07 Sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, los mismos establecen que; 

Artículo 27.- Crímenes y Delitos contra la Nación. “Los actos que se realicen a través de un sistema informático, electrónico, telemático o de telecomunicaciones, que atenten contra los intereses fundamentales y seguridad de la Nación, tales como el sabotaje, el espionaje o el suministro de informaciones, serán castigados con penas de quince a treinta años de reclusión y multa de trescientas a dos mil veces el salario mínimo.” 

Artículo 28.- Actos de Terrorismo. “Todo aquel que con el uso de sistemas electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, ejerza actos de terrorismo, será castigado con pena de veinte a treinta años de reclusión y multa de trescientos a mil salarios mínimos, del sector público. Asimismo, se podrá ordenar la confiscación y destrucción del sistema de información o sus componentes, propiedad del sujeto pasivo utilizado para cometer el crimen.”

De igual modo la Ley 267-08 Sobre Terrorismo, en su Artículo 5 establece:

Artículo 5.- Terrorismo. “A los fines de la presente ley, constituyen actos de terrorismo todos aquéllos que se ejecuten empleando medios susceptibles de provocar en forma indiscriminada o atroz, muertes, heridas, lesiones físicas o psicológicas, de un número indeterminado de personas, o graves estragos materiales a infraestructuras estratégicas de la nación o propiedad de particulares, con la finalidad de: 

a) Atemorizar a la población en general o determinados sectores de ésta, obligando al gobierno nacional, a otro gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; 

b) Ejercer retaliaciones fundadas por motivos políticos, étnicos, religiosos, o de cualquier otra índole; y 

c) Afectar las relaciones del Estado dominicano con otros estados o su imagen exterior.”

Aclara el Abogado Amadeo Peralta que la Ley Electoral no sanciona este tipo de Delitos como los contemplados en los Artículos 282, 283, 284, 285, 286 y 287 de la Ley 15-19 Sobre Régimen Electoral, por lo que define como una laguna jurídica imperdonable el que el sabotaje a las redes informáticas de la JCE, no contemple una sanción ejemplarizante, sino que sea necesario recurrir a Legislaciones complementarias.

La Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, tiene un gran reto frente al país y a la Comunidad Internacional, para perseguir, solicitar medidas de coerción y acusar a los responsables de este acto terrorista y de sabotaje que ha puesto en entre dicho la credibilidad de la JCE y podría generar en otras crisis, concluyo el Jurista.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia inhabilitó al expresidente

Evo Morales a postularse al Senado, alegando que no cumple el requisito de "residencia permanente" en la jurisdicción del país a la que busca representar, una decisión repudiada por el líder indígena y celebrada por sus adversarios.

Las candidaturas al Congreso de Morales, de quien fuera su canciller, Diego Pary, y del líder de derecha Mario Cossío, fueron inhabilitadas "por no cumplir con el requisito de la residencia permanente" en los últimos dos años en las regiones de Bolivia por las que se postulaban, dijo el titular del TSE, Salvador Romero, en rueda de prensa.

Morales aspiraba a una banca por el departamento de Cochabamba (centro), región que alberga el territorio cocalero del Chapare, su bastión político. Sin embargo, residió durante los últimos 14 años y hasta su renuncia en La Paz, sede del Poder Ejecutivo.

El expresidente dimitió el 10 de noviembre pasado en medio de fuertes manifestaciones en protesta por su cuestionado triunfo el 20 de octubre, en elecciones en las que observadores externos constataron irregularidades.

En medio de una convulsión social y la falta de apoyo de la policía y los militares, Morales se asiló tras su renuncia en México y un mes después se trasladó a Argentina, donde actualmente se encuentra como refugiado.

Luego de que el tribunal difundiera su decisión, Morales escribió en su cuenta de Twitter desde Buenos Aires: "La decisión del Tribunal Supremo Electoral es un golpe a la democracia. Los miembros del @TSEBolivia saben que cumplo los requisitos para ser candidato. El objetivo final es la proscripción del MAS (Movimiento Al Socialismo)".

Satisfacción y alerta opositora
Su principal rival, el expresidente Carlos Mesa (centro), tuiteó que el TSE "aplicó correctamente la Ley y la CPE (Constitución) al inhabilitar a quienes no cumplieron los requisitos para postularse a cargos electivos. @evoespueblo, que digitó el gigantesco fraude en las elecciones de 2019, debe entender que ya no puede usar la ley según sus intereses".

Días antes de la decisión del TSE, el poderoso Comité Cívico Pro Santa Cruz, entidad de derecha radical, amenazó con decretar una huelga nacional si Morales era habilitado. Un grupo de activistas afín a esa entidad realizó el miércoles una concentración con el mismo pedido ante la sede del tribunal electoral de Santa Cruz, la región más desarrollada de Bolivia.

El líder civil de derecha radical que encabezó las protestas contra Morales entre octubre y noviembre, Luis Fernando Camacho, celebró en Twitter: "La inhabilitación de Evo solo salió porque pusimos presión en las calles". Luego, advirtió que "la verdadera amenaza es que el MAS gane la mayoría en el Congreso y posiblemente la presidencia en primera vuelta".

Los dirigentes del MAS, como la presidenta del Senado, Eva Copa, consideran que hay el propósito de perjudicar la candidatura de su partido.

Sin embargo, Romero agregó ante la prensa que la corte electoral "desestimó, por falta de fundamento, las demandas de inhabilitación planteadas contra Luis Arce", candidato a la presidencia por el partido de Morales. En ese sentido, consideró que el postulante "cumplió con los requisitos de habilitación".

Arce lidera la intención de voto con 31,6 por ciento, según un reciente sondeo de opinión del grupo Ciesmori, seguido del expresidente centrista Carlos Mesa (17,1 por ciento). La presidenta transitoria Jeanine Áñez (derecha) marcha tercera, con el 16,5 por ciento.

Además de negar la candidatura a Morales, el tribunal inhabilitó a Pary, que buscaba representar a Potosí, y a Cossío, que aspiraba al Congreso en representación de Tarija, de la que en el pasado fue gobernador.

Igualmente, el tribunal imposibilitó a Jasmine Barrientos, que buscaba la vicepresidencia por el Frente Para la Victoria, del pastor evangélico de Chi Hyun Chung. Tanto Cossío como Barrientos son opositores a Morales.

Bolivia acudirá nuevamente a las urnas el 3 de mayo, tras la anulación de los comicios de octubre luego de que una misión de la OEA hallara irregularidades que favorecieron a Morales. El miércoles, la fiscalía de La Paz abrió un proceso penal contra el exmandatario y colaboradores cercanos por "fraude".

AFP

Diputados y defensores de Juan Márquez, tío del opositor venezolano Juan Guaidó, denunciaron este jueves un "allanamiento ilegal" a la residencia del piloto de 55 años detenido el pasado 11 de febrero por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

"Es un proceso de allanamiento completamente ilegal", dijo la parlamentaria opositora Delsa Solórozano a las afueras de la edificación, en Caracas, donde permanecía una patrulla de la DGCIM.

Los funcionarios, con rostros cubiertos, no permitieron el ingreso de los abogados, denunció Joel García, uno de los juristas a cargo de la defensa de Márquez. Periodistas constataron la presencia de una patrulla, que fue ingresada al estacionamiento del edificio luego de permanecer desde la madrugada estacionada en la fachada.

"La dictadura cobarde está allanando la vivienda de mi tío Juan Márquez. Con los órganos represivos y de persecución, buscan seguir con esta farsa que nadie les cree", escribió Guaidó en Twitter.

"Los abogados nos trasladamos para acá, intenté ingresar y no me dejaron entrar los funcionarios de la DGCIM. Cuando los funcionarios no permiten que el abogado de confianza acompañe (el allanamiento) es porque vinieron a sembrar evidencias", dijo a periodistas.

García relató que los uniformados le "empujaron la puerta en la cara" y no lo dejaron pasar. "Lo que se está haciendo es para atacar a Juan Guaidó, para obligarlo a hacer una negociación, obligarlo a quebrar su voluntad", remarcó García en referencia al líder opositor reconocido como presidente interino por medio centenar de países.

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró la semana pasada que Márquez "traía unas linternas tácticas" que escondían "en el compartimento de las baterías sustancias químicas de naturaleza explosiva".

Márquez acompañó a Guaidó a su regreso a Venezuela tras una gira internacional en la que se reunió con varios líderes mundiales, entre ellos el presidente de EE. UU., Donald Trump.

Ambos regresaron desde Portugal en un vuelo de la aerolínea TAP, cuyas operaciones fueron suspendidas el lunes por 90 días tras ser señalada por el gobierno del mandatario Nicolás Maduro de permitir viajar con explosivos a Márquez. Guaidó calificó el encarcelamiento de su tío como un "secuestro" de la "dictadura".

AFP

Trece casos más del nuevo coronavirus han sido diagnosticados a bordo del crucero Diamond Princess en Japón, anunciaron el jueves funcionarios del ministerio de salud.

El número total de casos confirmados relacionados con el barco ahora es de 639.

La noticia se produce cuando la partida de pasajeros que dieron negativo continúa en Yokohama, donde el Diamond Princess ha estado en cuarentena durante dos semanas.

Se espera que los últimos pasajeros abandonen el barco el sábado o poco después.

Evacuados dan positivo: varios pasajeros del barco que fueron evacuados por Estados Unidos y Australia han dado positivo por el coronavirus, dijeron las autoridades locales de salud.

En EE. UU. se confirmó que 11 de los 13 evacuados de Diamond Princess que fueron llevados al Centro Médico de la Universidad de Nebraska para ser examinados estaban infectados.

Dos evacuados australianos que han sido infectados están alojados en una unidad especial de aislamiento en la Instalación de Cuarentena de Howard Springs.

FUENTE EXTERNA